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APRUEBA LA LEGISLATURA LA DESIGNACIÓN DE 10 MAGISTRATURAS DEL PJEM

APRUEBA LA LEGISLATURA LA DESIGNACIÓN DE 10 MAGISTRATURAS DEL PJEM

 

  • Cuatro mujeres y seis hombres profesionales del derecho rindieron protesta ante el Pleno de la LX Legislatura.
  • Fungirán cada uno de ellos por un periodo de 15 años.

 

La LX Legislatura aprobó la designación de diez magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por un periodo de 15 años, quienes rindieron protesta de ley ante el Pleno legislativo conforme el acuerdo remitido a este por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El proyecto de decreto, dispensado del trámite de dictamen, fue precedido por las entrevistas que realizó la Jucopo a cada uno de los y las juristas en materia penal Verónica Carrillo Carrillo, Alhelí Segura Rocha, Luis Ávila Benítez, José Alfredo Cedillo González, Ismael Alfredo Hernández Alemán, Alberto Tornero Arellano, así como en la rama civil Blanca Colmenares Sánchez, Julia Hernández García, Héctor Macedo García y Juan Manuel Télles Martínez.

La diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), vicepresidenta de la Directiva, dio lectura al acuerdo y a los comunicados remitidos por la Jucopo, que preside el diputado Maurilio Hernández González, y por el presidente del TSJEM y del Consejo de la Judicatura, magistrado Ricardo Sodi Cuéllar.

Conforme al decreto aprobado, cada una de las magistradas y los magistrados, quienes aprobaron los concursos de oposición y cumplieron con los requisitos de ley establecidos en la convocatoria entrarán en funciones en la fecha que determine el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con las necesidades del servicio y la existencia de las vacantes definitivas.

En cada caso, el cómputo del periodo constitucional de 15 años iniciará a partir de la fecha en que entre en funciones la magistratura.

Con su aprobación, se da cumplimiento a lo señalado en la Constitución Política del Estado de México y en las leyes orgánicas del Poder Legislativo y del Poder Judicial del Estado de México, que establecen como facultad y obligación de la Legislatura aprobar los nombramientos de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

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