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Bancos, bajo investigación de Cofece por presuntas prácticas monopólicas en perjuicio de las finanzas públicas

Señala el diputado, Ramírez Cuéllar

 

 

El diputado de Morena señala que el daño al erario, de 2010 a 2016, pudo ser de cientos de miles de millones de pesos

 

Palacio Legislativo, 20-01-2021 (Notilegis).- El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) señaló que de comprobarse que los bancos privados y el propio Banco de México (Banxico) cometieron prácticas monopólicas absolutas, de 2010 a 2016, para manipular el precio de los valores de deuda o establecer obligaciones para no comercializar o adquirir una parte de éstos, “el daño a las arcas públicas sería millonario, ya que el Gobierno Federal coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado”.

En un comunicado, el legislador se refirió a las investigaciones que sobre este asunto realiza la Comisión Federal de Competencia (Cofece), y dijo que si se comprueban dichas conductas ilícitas, los involucrados deberán ser sancionados de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica.

“La práctica que Cofece ha investigado y que viola la Ley Federal de Competencia Económica consiste en que los competidores (bancos, casas de bolsa) se ponen de acuerdo para manipular el precio de los valores gubernamentales (deuda del gobierno) y que sólo se comercialice una parte de estos. Es importante mencionar que el gobierno se financia a través de estos instrumentos, colocando sus valores entre diferentes inversionistas, por lo que la supuesta manipulación de tasas habría dañado tanto a las finanzas públicas nacionales como a los ahorradores e inversionistas”, indicó Ramírez Cuéllar.

Apuntó que una práctica monopólica absoluta son contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, que tienen por objeto la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, así como la concertación de posturas en licitaciones, entre otras. Si se comprueba la realización de estas prácticas, la sanción puede alcanzar hasta 10% de sus utilidades anuales.

Refirió que la Cofece comenzó su investigación en el año 2016, bajo el expediente IO-006-2016, para posteriormente emplazar a la etapa de procedimiento seguido en forma de juicio, y que los probables responsables manifiesten lo que a su derecho convenga. Una vez realizado lo anterior, el Pleno resolverá lo conducente.

“La Cofece tiene la facultad de investigar hasta 10 años atrás, por lo que el periodo investigado es de 2010 a 2016, que involucra las gestiones de Guillermo Ortiz y de Agustín Carstens al frente del Banxico, y de José Antonio Meade Kuribreña y Luis Videgaray Caso al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, manifestó.

Dicho asunto, de acuerdo con la agenda de la Cofece fue discutido en la sesión del pasado 14 de enero del presente año.

Ramírez Cuéllar indicó que no se trata de un asunto trivial, “sino de un caso de proporciones mayores donde además de agentes privados, estarían involucradas dependencias y órganos de gobierno”.

Adicionalmente, destacó que de ser necesario se llamará a comparecer ante la Cámara de Diputados a la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, a fin de que expliqué los por menores de la investigación, los resultados y la resolución del Pleno o en su caso, se debe exigir un reporte preliminar de dicha investigación considerando la importancia del caso y la magnitud del daño al erario.

“El gobierno de la 4T debe dar todo su apoyo a la Cofece en el curso de la investigación, pues hablamos de supuestas prácticas que dañaron nuestras finanzas, a los ahorradores y a los inversionistas en beneficio de unos cuantos. El actual gobierno no debe permitir que estas acciones queden impunes”, argumentó.

Aseguró que administraciones pasadas intentaron frenar el curso de esta investigación, ya que durante el periodo que gobernaba Enrique Peña Nieto se llevó a cabo una investigación en materia similar por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (a cargo de Jaime González Aguadé) donde se impuso una multa de tan sólo 17 millones de pesos.

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