Para Impunidad Cero y Justicia Justa, las irregularidades en el sector salud del país han sido materia prioritaria de estudio por años, debido al impacto directo que tienen en la vida de las personas. A partir de la investigación “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, publicada en marzo de 2020, inició el proceso de investigación que derivó en “Operación desabasto”.
“Operación desabasto” hace un recuento de las razones que generaron el desabasto de medicamentos en el país, no solo de oncológicos, sino de una variedad de medicinas e incluso vacunas en diversos puntos de la república.
Esta investigación analiza:
- Cómo la centralización de las compras consolidadas, que anteriormente realizaba el IMSS y que posteriormente realizó la SHCP, junto con la falta de experiencia de los funcionarios a su cargo, generó retrasos en la adquisición de medicamentos que, a su vez, provocó desabasto de medicinas.
- De qué forma el veto presidencial a las principales distribuidoras de medicamentos afectó los mecanismos de distribución de medicinas en todo el país, capacidades que el gobierno federal todavía no ha podido sustituir.
- Por qué la lucha contra la corrupción en el sector salud no ha tenido buenos resultados pues se han mantenido tendencias de administraciones pasadas en materia de adjudicaciones directas de contratos y opacidad en su publicación.
- Cómo es que las soluciones posteriores al desabasto, como la designación de la empresa Birmex para ser la distribuidora de medicamentos del Estado, carecen de planes concretos y de análisis que respalden y direccionen su adecuada ejecución.
A continuación te ponemos una parte de lo que dice dicha investigación:
En octubre de 2018, mientras se realizaba la última com-pra consolidada del IMSS, el diputado Mario Delgado pre-sentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, “por petición expresa” del presidente electo López Obrador. El objetivo era modificar el modelo de compras, al cambiar el control de la política de contrataciones públicas a la SHCP.
“Las compras del sector público son una fuente poten-cial de corrupción a todas las escalas y a todos los niveles pero, como ha dicho el presidente electo, ‘las escaleras se barren de arriba hacia abajo’. Bajo esa visión, en esta inicia-tiva se propone que la SHCP sea dotada de las facultades para consolidar compras de la administración pública (…) como es el caso de las medicinas”, dice la iniciativa.
Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) se opusie-ron a esta reforma por considerar que se daba un “amplio espacio de poder al titular de la SHCP” lo que produciría un “alto grado de discrecionalidad”. Según la senadora Martha Márquez, secretaria de la Comisión de Salud del Senado, la mayoría votó a favor de esta iniciativa sin analizarla. “Re-cuerdo haber argumentado que eso iba a generar más opa-cidad”, comentó en entrevista.
Al mismo tiempo, se sostenían reuniones de transición en-tre los gabinetes de salud del expresidente Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. “Nos pareció en esos días que iban a meterse en un grave problema por los cuellos de botella que se iban a generar”, rememoró un ex alto funcionario de salud en referencia a las reformas
Con esta reforma se eliminó la posibilidad de que el IMSS continuara las compras consolidadas de medicamentos y provocó que solo la SHCP las realizara. Estos cambios implicaron que el instituto ni siquiera pueda comprar di-rectamente los medicamentos que requiera para atender a los derechohabientes. También se quitó la facultad a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de realizar las con-trataciones consolidadas del gobierno federal, que efec-tuaron hasta 2018 para servicios de mensajería, seguros, entre otros
Fuentes de la industria farmacéutica consultadas descono-cen la razón de lo que consideraron un “manotazo presiden-cial” sin sustento jurídico. En respuesta al veto presidencial, las empresas Grufesa y Maypo interpusieron juicios de am-paro en contra de esta decisión, obteniendo ambas sen-tencias favorables; es decir, el veto fue considerado “im-procedente” por no acreditar faltas en los contratos, como lo resolvieron los juzgados Décimo y Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, constatado en los expedientes 573/2019 y 615/2019, res-pectivamente. Sin embargo, el daño del veto ya estaba hecho y sus efectos fueron veloces. La falta de medicamentos se reflejó de for-ma inmediata en los antirretrovirales, utilizados para hacer frente al VIH, por lo que integrantes del Movimiento Nacio-nal de la Salud (MNS) protestaron a principios de mayo de 2019.
De acuerdo con un informe interno del IMSS del 13 de mayo de ese año: “Los pacientes a los que se les sumi-nistra este tipo de medicamentos se encuentran agrupados en diferentes asociaciones que, ante un posible desabasto, se manifiestan inmediatamente”. Para el presidente las “campañas de desabasto”, como él mismo nombró a las protestas por la falta de medicamen-tos suscitadas en ese lapso, se trataron de presiones de la industria farmacéutica: “Quieren jugar a las vencidas […] quieren obligarnos, presionarnos, a que les compremos a los mismos de manera arbitraria las medicinas y caras. ¡Pues no!”.
Buenrostro criticó la compra consolidada del IMSS 2018-2019, pasando por alto que el equipo de transición de López Obrador participó en ella, por lo que también eran responsables de esa planeación, tal como lo constataron tres fuentes presentes en esas reuniones. Por otra parte, no aclaró cuáles eran los efectos del veto del presidente a las empresas farmacéuticas-distribuidoras y si esta era una de las causas del desabasto. Solo señaló que la Oficialía Mayor realizaba una compra consolidada para abastecer de medicinas el segundo semestre de 2019.
De acuerdo con el análisis, se trata de falencias que no distan de las administraciones pasadas: por un lado, las decisiones tomadas con la idea de combatir la corrupción se hicieron sin medir las consecuencias para pacientes con cáncer y otras enfermedades como diabetes, VIH, hiperten-sión y fallas renales. Y, por otro, las soluciones propuestas para solventar los problemas de compras y distribución de medicamentos podrían generar costos más elevados que los que se tenían con el programa de compras consolida-das del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se cambió a inicios de esta administración. Este problema significa que tampoco hay una garantía de que los medi-camentos contra la Covid-19 estén en su totalidad en los próximos meses.
Consultados al respecto, decenas de funcionarios y exfun-cionarios, así como expertos en la materia, concordaron en que el personal designado por la Oficialía Mayor de la SHCP no estaba capacitado para realizar la compra de medica-mentos y, debido al vasto trabajo para llevarlas a cabo, del cual se ocupaba el IMSS, no tuvieron el tiempo suficiente y conocimientos técnicos para lograrlo, lo que provocó com-pras a costos más altos y un retraso en su abastecimiento.
Para Enrique Martínez, director del Instituto de Investiga-ción e Innovación Farmacéutica (Inefam), quien ha seguido las contrataciones públicas de medicamentos, este nuevo modelo de compras no ha sido “exitoso” debido a que “lo hicieron sobre la marcha, con un mal diseño, solicitando mal las claves, definiendo precios que no eran consistentes con el mercado”.
Con el Seguro Popular se financiaba el tratamiento a pa-cientes con cáncer en las 54 unidades a nivel nacional. Sin embargo, desde el 1º de enero de 2020, se vino un pro-blema más con la desaparición de este programa, debido a que estos hospitales se vieron afectados por la falta de definición sobre cómo se trasladarían los recursos del aho-ra Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el nuevo esquema de seguridad social del gobierno en turno.
Eso causó que la federación retrasara el reembolso de gastos devengados meses atrás, una dificultad que se presentó desde 2019 y que obstaculizó la operación de las UMA’s. Para los hospitales estatales que no estaban sujetos a las compras consolidadas de la SHCP, la falta de recursos limitó la posibilidad de adquirir medicamentos durante 2020.
Por ello, el INSABI afirmó el 1º de julio de 2020 en un co-municado que de mayo a junio se habían distribuído 58 mil medicamentos oncológicos, sin precisar cuáles. Se anunció que en julio se entregarían 137 mil piezas más. En las fo-tografías publicadas se advierte que se trata de medica-mentos de Laboratorios Kemex, S.A., empresa que recibió contratos mediante adjudicación. El INSABI, al igual que las entidades federales, no podía adquirir medicamentos directamente.
También se mantuvo la opacidad en la entrega de los me-dicamentos a los hospitales, sobre todo con los adjudica-dos entre marzo y abril por la Oficialía Mayor.
Antes de este cambio de la nueva administración opera-ba el modelo de compras consolidadas del IMSS, el cual comenzó como un programa piloto desde 2013 en 14 de-pendencias, entidades e institutos de salud, 42 en 2014, 40 en 2015, 40 en 2016, 50 en 2017 y 43 en 2018, según datos de la institución.
De acuerdo con los expertos consultados, la compra de medicamentos requiere una planeación previa de por lo menos siete meses para garantizar los mejores precios y estándares de eficiencia en la logística; todo comienza con la publicación de las prebases y bases con el fin de que los proveedores revisen lo requerido. Esto permite que consigan la materia prima y programen anticipadamente la producción o acondicionamiento de la importación.
VE LA INVESTIGACION COMPLETA EN https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/146/contenido/1613405967V83.pdf
