NACION y EDO MEX

Solicita el Congreso investigar posible uso electoral de programas del campo

  • También solicitó a la secretaria Mercedes Colín que impulse el desarrollo del campo sin ideologías partidistas.
  • Max Correa dijo que existen denuncias ciudadanas por la mala aplicación del programa Más Maíz Mexiquense.

 

El Congreso mexiquense solicitó a Mercedes Colín Guadarrama, secretaria del Campo del gobierno estatal, impulsar el desarrollo integral de las actividades agropecuarias con una visión universal, inclusiva y sin discriminación por razón de ideologías políticas o partidistas, y al fiscal general de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, investigar posibles delitos electorales en los programas de esa secretaría.

En nombre del grupo parlamentario de Morena, el diputado Max Correa Hernández, dijo que existen denuncias ciudadanas por la mala aplicación del programa Más Maíz Mexiquense, porque se instruye que las listas de beneficiarios obedezcan a intereses partidistas o de gobiernos municipales en favor del PRI con fines electorales, además de que quienes se oponen a estas prácticas son despedidos.

El exhorto, aprobado por unanimidad, solicita que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, investigue y persiga de forma institucional y profesional los posibles delitos electorales derivados de los hechos y actuaciones del personal de la Secretaría del Campo y del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México.

El legislador remarcó que se están utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales para ejercer presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición; además de que se trata de personas servidoras públicos estatales que coaccionan y amenazan a sus subordinados con fines proselitistas. Por lo tanto, al condicionar la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales incurren en conductas que pueden ser consideradas delitos.

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