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Inician foros para analizar alcances del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

  • Impostergable, concretar justicia cotidiana que beneficie a ciudadanos: Ricardo Monreal.
  • Para la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, un nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares es prioritario.

En el Senado de la República se llevó a cabo el primero de una serie de foros para conocer la visión de especialistas, operadores jurídicos, abogados, academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía sobre el contenido y alcances de la propuesta para expedir el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

 

A la inauguración del evento asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien afirmó que es impostergable concretar una justicia cotidiana que beneficie la celeridad en los procesos civiles y familiares, y que cumpla con los más altos estándares internacionales relativos al acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo.

 

Al inaugurar el foro “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, el senador indicó que los derechos humanos, el acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva y la seguridad jurídica, implican la aplicación y el desarrollo de procedimientos judiciales ágiles y útiles, que permitan resolver los conflictos con la celeridad que requieren los justiciables; es decir, quienes acuden a los tribunales en búsqueda de justicia.

 

Ante los ojos de la ciudadanía, señaló el legislador, el sistema de justicia se ve alejado del ideal, especialmente en materia civil y familiar, ya que es lenta, incierta, discriminatoria, complicada y onerosa, sobre todo para quienes no cuentan con los recursos para costarse un juicio a través de profesionales del derecho.

 

Monreal Ávila estimó que la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas y hasta contradictorias, ha generado obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia expedita, por lo que es necesario homologar los criterios y establecer las bases normativas para tener un nuevo sistema de justicia civil y familiar.

 

El líder de la mayoría legislativa subrayó que es de suma relevancia fijar los elementos indispensables para implementar una impartición de justicia que en verdad sea más sencilla, pronta y cercana a la gente, a través de instituciones fortalecidas con criterios homologados y uniformes para brindar a la ciudadanía certidumbre jurídica.

 

En un mensaje videograbado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que, para la presente Legislatura, la expedición de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un tema prioritario.

 

Por ello, indicó, es necesario propiciar un proceso de consultas extenso, por lo que este primer esfuerzo será determinante para que el Código tenga una real perspectiva de derechos humanos, del interés superior de la niñez y de género.

 

Dijo que el Código debe abordar de manera profunda, precisa e integral, el tema de la violencia en contra de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, ya que es fundamental comenzar a aprobar leyes con perspectiva de derechos humanos y de género, que visibilicen, con la mira correcta y de raíz las violencias.

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, refirió que 20 por ciento de las mujeres mayores de 18 años reportó percepción de inseguridad en sus hogares. Asimismo, destacó que 10 por ciento de los delitos contra las mujeres relacionados con conductas sexuales se generan en el domicilio familiar; y 23.2 por ciento de las defunciones de mujeres por homicidio ocurrieron en su vivienda.

 

Señaló que, entre los operadores estatales, es necesario aumentar su especificidad dentro de dichos temas, porque los encargados de interpretar y aplicar la norma saben o leen los términos, pero desconoce sus implicaciones reales y alcances.

 

Estos diálogos, expresó, ayudarán a especificar esos aspectos en los marcos normativos, como es el caso del nuevo Código, para que se homologue los procedimientos civiles y familiares en todo el país.

 

Sánchez Cordero recordó que la propuesta se encuentra en su etapa de análisis en comisiones, y que fue planteada por el senador Ricardo Monreal Ávila, como un primer esfuerzo para poner a discusión y debate este polémico y difícil tema.

 

En su intervención, el presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la Peña, detalló que este Foro, es el primero de una serie de espacios de reflexión que se llevarán a cabo durante los meses de junio y julio, para conocer las distintas visiones de especialistas, de operadores jurídicos, del gremio de la abogacía, la academia, organizaciones civiles y de la ciudadanía en general, sobre el contenido y alcances de la propuesta de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

 

Aseguró que estas mesas de diálogo les permitirán a los legisladores identificar áreas de oportunidad y recabar contribuciones oportunas, para construir un instrumento de aplicación práctica, que responda a nuestra realidad.

 

Espino de la Peña recordó que, a finales de 2021, el senador Ricardo Monreal y el senador con licencia Julio Menchaca Salazar presentaron una iniciativa, preparada con la intervención de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia, organizadora de estos foros.

 

En dicha propuesta, agregó, se regula el sistema de impartición de justicia en estos campos, su competencia objetiva y subjetiva, las disposiciones comunes a los procedimientos orales y se incluyen temas relativos a acciones colectivas, recursos y al juicio de responsabilidad.

 

Destaca, dijo, un apartado de justicia digital, muy importante en el contexto tecnológico en el que se está inmerso. “También se desarrolla lo relativo a las sentencias, las vías de apremio y su ejecución, se considera un capítulo de la cooperación procesal internacional; y se prevé un rubro para el juicio arbitral”.

 

Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que el decreto de reforma constitucional en materia de Justicia Cotidiana, publicada el 15 de septiembre de 2017, se originó a raíz de un amplio diagnóstico técnico en torno la cuestión de la justicia cotidiana en nuestro país.

 

El diagnóstico, agregó, arrojó la necesidad de que el Estado atendiera la percepción social negativa sobre la impartición de justicia en materia civil y familiar, “generalmente calificada de lenta, incierta, discriminatoria, complicada y costosa.”

 

La senadora refirió que, a partir de ello, el órgano reformador de la constitución valoró que un problema toral al respecto, “es la multiplicidad existente de Códigos de Procedimientos Civiles y familiares que, considerando las leyes habidas en cada entidad federativa, más la codificación Federal, dan como resultado un problema de dispersión legislativa.

 

Rivera Rivera destacó que para la aprobación de la reforma constitucional se valoró que la multiplicidad de leyes adjetivas se traduce en barreras de acceso a la justicia, desigualdad ante la ley, así como incertidumbre e inseguridad jurídica.

 

Por lo anterior, abundó, la reforma constitucional “nos impone el reto consistente de lograr la unificación en el país de las normas procedimentales en materia civil y familiar para facilitar su desarrollo y permitir la creación de políticas públicas para mejorar transversalmente la impartición de justicia.”

 

No obstante, añadió que el cumplimiento de esta tarea “apareja la necesidad de emprender un proceso de revisión integral de todo el marco legislativo vinculado a la materia objeto de reforma, para que, en caso de que se requieran adecuaciones, éstas se realicen de forma oportuna y armónica con la expedición del código único”.

 

Aprovechó el foro para platear el tema de las acciones colectivas, que a decir de la legisladora y de especialistas en la materia “la escasa eficacia que tiene este tipo de juicios, a más de 10 años de su reconocimiento constitucional, se debe, en cierta medida, a un error de origen respecto a su regulación dentro de la legislación procesal civil, que desvirtúa el carácter de interés público que revisten las acciones colectivas”.

 

El senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, expresó que este Código, “será la obra más importante de la presente Legislatura”, porque impactará en la vida diaria de toda la ciudadanía.

 

Afirmó que toca los intereses de cada persona y de su vida diaria, “porque nadie se encuentra exento de recurrir a la justicia y a los procedimientos jurisdiccionales, y que sean homogéneos y expeditos, es el primer reclamo de la ciudadanía”.

 

Castañón Ramírez señaló que mucha de la tardanza en los procedimientos civiles y familiares, se da por los códigos de procedimientos locales, y por no tener homogeneidad en estos procesos; hay muchos obstáculos en la pluralidad de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias en los diferentes códigos de las 32 entidades federativas.

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