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Analiza Congreso local modernización de la ley orgánica del PJEM

  • Legisladoras y legisladores propusieron ampliar cobertura de juzgados, accesibilidad para personas indígenas y discapacitados e incluir lenguaje no sexista.
  • Esta ley no ha sido actualizada en los últimos 30 años: Ricardo Sodi.

Diputadas y diputados locales mexiquenses analizaron la iniciativa para expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que dijeron fortalece la lucha contra la corrupción y el servicio civil de carrera, y se pronunciaron por ampliar sus servicios en la zona norte, mayor accesibilidad para personas con discapacidad y servicios de traducción para indígenas, incorporar el lenguaje incluyente y el principio de paridad en la conformación de los órganos jurisdiccionales, emitir opiniones respecto de la constitucionalidad de actos del Ejecutivo y el Legislativo, así como eliminar el haber de retiro, entre otras.

Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Maurilio Hernández González (Morena); de los vicepresidentes, diputados Elías Rescala Jiménez (PRI) y Enrique Vargas del Villar (PAN); del secretario, Omar Ortega Álvarez (PRD); y de las vocalías, legisladores Sergio García Sosa (PT), María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) y Rigoberto Vargas Cervantes (NA), el titular del Poder Judicial expuso que la norma vigente no ha sido actualizada en 30 años, por lo que ya no corresponde a la realidad actual.

En reunión de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, presidida por el diputado Enrique Jacob Rocha (PRI), el legislador Faustino de la Cruz Pérez (Morena) expuso el comunicado sobre la propuesta de reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada por la diputada Trinidad Franco Arpero (PT) para establecer la paridad de género en la selección de quienes encabezan las magistraturas y los juzgados, pues el equilibrio entre géneros dará mayores garantías en la impartición de la justicia, que se suma al análisis.

El diputado Enrique Jacob reconoció el espíritu modernizador del Poder Judicial, que se refleja en la iniciativa del magistrado Ricardo Sodi y destacó los planteamientos en materia de justicia electrónica, a fin de llevar a cabo en línea procedimientos para eliminar costos, brindar certidumbre y confianza al usuario y cerrando el paso a prácticas deshonestas.

En su momento, el coordinador de los diputados priistas, diputado Elías Rescala Jiménez, apuntó que se trata de una ley vanguardista, que toca temas importantes, como la Sala Indígena, y la Visitaduría General, que fortalece al Poder Judicial y lo hace sólido en la lucha contra la corrupción, mientras que la coordinadora legislativa del PVEM, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, aplaudió el servicio civil de carrera, pero señaló la ausencia de juzgados y de instancias de conciliación en la zona norte de la entidad.

El coordinador legislativo del PT, diputado Sergio García Sosa, pidió más acciones en materia de accesibilidad para personas con discapacidad y que los documentos sobre asuntos de los pueblos indígenas se traduzcan a sus lenguas, en tanto que el diputado Rigoberto Vargas, coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, expresó su disposición de abonar y apoyar la nueva ley del PJEM,

El diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena) destacó que se plantee como atribución de la Sala Constitucional emitir opiniones respecto de la constitucionalidad de actos del Ejecutivo y el Legislativo, y el legislador Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) propuso que no se omita la restricción de que un magistrado retirado, al incorporarse a otro cargo en el servicio público, deje de recibir el haber de retiro y que no se eliminen ciertos requisitos para ser perito.

El diputado Jesús Izquierdo Rojas (PRI) dijo que la iniciativa fortalecerá el andamiaje normativo del Poder Judicial, mientras la legisladora Isabel Sánchez Holguín (PRI) sugirió incluir lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio y que se incorpore el principio de paridad en la conformación de los tribunales y salas colegiados, la Sala de Asuntos Indígenas, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura.

La diputada Paola Jiménez Hernández (PRI) celebró que grupos vulnerados por muchos años hoy estén en el centro del Poder judicial con iniciativas de vanguardia y recalcó que con esta ley se hace justicia a una deuda histórica con las mujeres y la sociedad, y la diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN) consideró importante que las y los trabajadores tengan la perspectiva del interés superior de la niñez.

En su momento, el magistrado Sodi Cuellar destacó la propuesta para integrar una Sala de Asuntos Indígenas, donde los asuntos se analizarán con perspectiva pluriétnica y pluricultural; el establecimiento de un sistema de jurisprudencia por precedentes, que unifique criterios para ofrecer certeza jurídica; el fortalecimiento el servicio de carrera con exámenes y procedimientos confiables y sin corrupción, y la creación de juzgados de competencia mixta.

Subrayó el fortalecimiento de la justicia electrónica, la creación de una Visitaduría General que tenga como función la revisión de los aspectos jurisdiccionales para evitar corrupción en la impartición de justicia, y la apertura de espacios de participación ciudadana.

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